El Concello de Koruña cierra 2025 con un desequilibrio presupuestario de unos 12 millones de euros tras incumplir la regla de estabilidad presupuestaria. La situación ha generado una fuerte crisis política en el gobierno de coalición entre PSOE e BNG y ha puesto en alerta a la oposición del PP, que habla abiertamente de “quiebra técnica”. Inés Rey está terminando de una manera desastrosa la que a todas luces será su segunda y última legislatura en la que su mala gestión ha propiciado la calamitosa situación en la que se encuentra la ciudad.
Incumplimientos sucesivos y advertencia del InterventorEn 2024, el Ayuntamiento ya había incumplido la regla de gasto al utilizar remanentes de ejercicios anteriores. Presentó entonces un plan económico-financiero que recibió el visto bueno de la Xunta y se comprometió con el BNG a informar mensualmente de la ejecución presupuestaria.
Sin embargo, en 2025 se produjo un nuevo incumplimiento, esta vez de la estabilidad presupuestaria. El interventor municipal, en su informe sobre la liquidación del ejercicio, señala que es necesario tomar medidas concretas: retener más de 12 millones de euros de crédito (apartar esa cantidad del presupuesto) y, previa solicitud al Ministerio de Hacienda, constituir un depósito en el Banco de España. Este depósito, que en principio generaría intereses, podría convertirse en una multa coercitiva si no se corrige la situación.
El funcionario también advierte de que, si se considera que el plan anterior se ha incumplido, el gobierno local dispone de un plazo de 15 días para aprobar la retención de créditos. Además, plantea la posible necesidad de un nuevo plan de saneamiento financiero si el ahorro neto resulta negativo.Posibles recortes y limitaciones al endeudamientoSegún el interventor, el Concello preveía endeudarse en cerca de 40,4 millones de euros para financiar inversiones. Sin embargo, esa operación completa “no sería posible” en la actual situación de ahorro neto negativo.
El portavoz municipal y edil de Hacienda, José Manuel Lage (PSOE), defiende la “buena salud financiera” del Concello. Argumenta que se trata de una “foto fixa” en un momento concreto, que la recaudación sigue creciendo y que no existen tensiones de tesorería (el periodo medio de pago a proveedores está por debajo de los 30 días). Admite que “si el Gobierno tiene que hacer algún ajuste, lo hará”, pero niega problemas de liquidez.La oposición del PP carga contra la gestiónEl PP, a través de su portavoz Miguel Lorenzo, ha denunciado que el presupuesto de 2025 estaba “inflado en 26 millones” y ha alertado del riesgo de quiebra técnica. También criticó el alto volumen de facturas pagadas con reparo de legalidad (más de 1.500 el año pasado, por importe cercano a los 33 millones según los populares).¿Qué puede ocurrir ahora?El gobierno local todavía no ha anunciado su decisión oficial. Una vía posible es no realizar la retención exigida por el interventor y optar por elaborar un nuevo plan económico-financiero que recupere el equilibrio en 2026-2027, utilizando ingresos ordinarios o cobros pendientes de 2025.
Sin embargo, en 2025 se produjo un nuevo incumplimiento, esta vez de la estabilidad presupuestaria. El interventor municipal, en su informe sobre la liquidación del ejercicio, señala que es necesario tomar medidas concretas: retener más de 12 millones de euros de crédito (apartar esa cantidad del presupuesto) y, previa solicitud al Ministerio de Hacienda, constituir un depósito en el Banco de España. Este depósito, que en principio generaría intereses, podría convertirse en una multa coercitiva si no se corrige la situación.
El funcionario también advierte de que, si se considera que el plan anterior se ha incumplido, el gobierno local dispone de un plazo de 15 días para aprobar la retención de créditos. Además, plantea la posible necesidad de un nuevo plan de saneamiento financiero si el ahorro neto resulta negativo.Posibles recortes y limitaciones al endeudamientoSegún el interventor, el Concello preveía endeudarse en cerca de 40,4 millones de euros para financiar inversiones. Sin embargo, esa operación completa “no sería posible” en la actual situación de ahorro neto negativo.
- Una de las opciones analizadas pasa por reducir 20,6 millones de inversiones financiadas con crédito, dejando el endeudamiento en torno a los 19,75 millones. Aun así, sería necesario modificar el presupuesto, elaborar un nuevo plan económico-financiero y solicitar autorización a la Xunta.
- En un escenario más restrictivo, no se podría formalizar ningún préstamo nuevo y habría que rebajar ingresos en más de siete millones de euros.
El portavoz municipal y edil de Hacienda, José Manuel Lage (PSOE), defiende la “buena salud financiera” del Concello. Argumenta que se trata de una “foto fixa” en un momento concreto, que la recaudación sigue creciendo y que no existen tensiones de tesorería (el periodo medio de pago a proveedores está por debajo de los 30 días). Admite que “si el Gobierno tiene que hacer algún ajuste, lo hará”, pero niega problemas de liquidez.La oposición del PP carga contra la gestiónEl PP, a través de su portavoz Miguel Lorenzo, ha denunciado que el presupuesto de 2025 estaba “inflado en 26 millones” y ha alertado del riesgo de quiebra técnica. También criticó el alto volumen de facturas pagadas con reparo de legalidad (más de 1.500 el año pasado, por importe cercano a los 33 millones según los populares).¿Qué puede ocurrir ahora?El gobierno local todavía no ha anunciado su decisión oficial. Una vía posible es no realizar la retención exigida por el interventor y optar por elaborar un nuevo plan económico-financiero que recupere el equilibrio en 2026-2027, utilizando ingresos ordinarios o cobros pendientes de 2025.
Sin embargo, este plan necesitaría el apoyo del BNG para salir adelante en pleno.La Xunta de Galicia, como administración con tutela financiera, podría tener que pronunciarse e incluso enviar una comisión de expertos si la situación no se corrige. La alcaldesa Inés Rey se encuentra ante un delicado equilibrio: cumplir con la normativa de estabilidad presupuestaria sin romper la coalición de gobierno ni paralizar la actividad municipal.
La fachada del Palacio Municipal de María Pita se ha convertido estos días en símbolo de una crisis que trasciende lo técnico y amenaza con desestabilizar políticamente A Coruña en los próximos meses.
Escenarios posibles tras la crisis financiera y política
La crisis desatada por el déficit de 12 millones de euros en la liquidación de 2025 aún no está resuelta y abre un periodo de alta incertidumbre en el Concello. A continuación se detalla de forma secuencial lo que podría ocurrir en los próximos meses:
1. Nuevo acuerdo PSOE-BNGLo más probable a corto plazo es que el gobierno local (PSOE) intente negociar con el BNG un nuevo plan económico-financiero. Este documento buscaría recuperar el equilibrio presupuestario entre 2026 y 2027 mediante ajustes moderados, reprogramación de inversiones y el uso de ingresos pendientes. El BNG condiciona su apoyo a que no se recorten las inversiones en barrios ni los servicios públicos, sus “líneas rojas”. Si ambas partes alcanzan un acuerdo, la coalición se mantendría y el gobierno podría seguir funcionando con relativa normalidad hasta las elecciones de 2027, aunque bajo una mayor vigilancia técnica y política.
2. Ruptura de acuerdos por recortes inadmisibles para el BNG, gobierno del PSOE en minoría a expensas del capricho de PP o BNG
Sin embargo, si el PSOE opta por medidas más duras (recortes visibles o un plan que el BNG considere insuficiente), es muy posible que los nacionalistas rompan el acuerdo de gobierno. En ese caso, Inés Rey pasaría a dirigir un gobierno en minoría. Esto complicaría enormemente la aprobación de presupuestos, modificaciones de crédito y grandes contratos, aumentando la inestabilidad y obligando al PSOE a buscar apoyos puntuales, bien del propio BNG o —menos probable— del PP.
3. Intervención de la Xunta
Paralelamente, la Xunta de Galicia (con tutela financiera sobre los ayuntamientos) podría intervenir de forma más activa. Si el Concello no cumple los plazos o las correcciones exigidas por el interventor (retención de créditos, depósito en el Banco de España o nuevo plan de saneamiento), la administración autonómica podría enviar una comisión de expertos y exigir medidas más estrictas, lo que supondría un fuerte desgaste político para la alcaldesa.
En el terreno económico, si no se corrige el rumbo, será necesario aplicar ajustes reales durante 2026: reducción de inversiones, contención del gasto corriente o, incluso, subida de algunas tasas. Estos recortes podrían generar protestas vecinales y un claro desgaste electoral para el gobierno.
Consecuencias sobre la continuidad del Inés Rey
De cara a las elecciones municipales de 2027, esta crisis acelera el calendario político. El PP ya está utilizando el “agujero económico” y la posible “quiebra técnica” como principal argumento de oposición. El BNG se posiciona como defensor de los barrios y los servicios públicos, mientras que Inés Rey debe demostrar que es capaz de sanear las cuentas sin paralizar la ciudad.
En resumen, el camino más probable es un acuerdo forzado entre PSOE y BNG con ajustes limitados para llegar a 2027. No obstante, la confianza entre los socios está muy deteriorada y cualquier nuevo incumplimiento o recorte polémico podría precipitar la ruptura de la coalición, dejando al gobierno en minoría y a la ciudad en una situación de inestabilidad prolongada. Los próximos meses serán clave para saber si Koruña logra estabilizar sus finanzas o entra en una crisis política más profunda.
Posdata: estaban estos bonitos para afrontar el gasto que iba a suponer reformar Riazor para el Mundial 2030 y... también para lograr hacer realidad la promesa posterior, hacer esa remodelación incluyendo el Palacio de los Deportes.
La fachada del Palacio Municipal de María Pita se ha convertido estos días en símbolo de una crisis que trasciende lo técnico y amenaza con desestabilizar políticamente A Coruña en los próximos meses.
Escenarios posibles tras la crisis financiera y política
La crisis desatada por el déficit de 12 millones de euros en la liquidación de 2025 aún no está resuelta y abre un periodo de alta incertidumbre en el Concello. A continuación se detalla de forma secuencial lo que podría ocurrir en los próximos meses:
1. Nuevo acuerdo PSOE-BNGLo más probable a corto plazo es que el gobierno local (PSOE) intente negociar con el BNG un nuevo plan económico-financiero. Este documento buscaría recuperar el equilibrio presupuestario entre 2026 y 2027 mediante ajustes moderados, reprogramación de inversiones y el uso de ingresos pendientes. El BNG condiciona su apoyo a que no se recorten las inversiones en barrios ni los servicios públicos, sus “líneas rojas”. Si ambas partes alcanzan un acuerdo, la coalición se mantendría y el gobierno podría seguir funcionando con relativa normalidad hasta las elecciones de 2027, aunque bajo una mayor vigilancia técnica y política.
2. Ruptura de acuerdos por recortes inadmisibles para el BNG, gobierno del PSOE en minoría a expensas del capricho de PP o BNG
Sin embargo, si el PSOE opta por medidas más duras (recortes visibles o un plan que el BNG considere insuficiente), es muy posible que los nacionalistas rompan el acuerdo de gobierno. En ese caso, Inés Rey pasaría a dirigir un gobierno en minoría. Esto complicaría enormemente la aprobación de presupuestos, modificaciones de crédito y grandes contratos, aumentando la inestabilidad y obligando al PSOE a buscar apoyos puntuales, bien del propio BNG o —menos probable— del PP.
3. Intervención de la Xunta
Paralelamente, la Xunta de Galicia (con tutela financiera sobre los ayuntamientos) podría intervenir de forma más activa. Si el Concello no cumple los plazos o las correcciones exigidas por el interventor (retención de créditos, depósito en el Banco de España o nuevo plan de saneamiento), la administración autonómica podría enviar una comisión de expertos y exigir medidas más estrictas, lo que supondría un fuerte desgaste político para la alcaldesa.
En el terreno económico, si no se corrige el rumbo, será necesario aplicar ajustes reales durante 2026: reducción de inversiones, contención del gasto corriente o, incluso, subida de algunas tasas. Estos recortes podrían generar protestas vecinales y un claro desgaste electoral para el gobierno.
Consecuencias sobre la continuidad del Inés Rey
De cara a las elecciones municipales de 2027, esta crisis acelera el calendario político. El PP ya está utilizando el “agujero económico” y la posible “quiebra técnica” como principal argumento de oposición. El BNG se posiciona como defensor de los barrios y los servicios públicos, mientras que Inés Rey debe demostrar que es capaz de sanear las cuentas sin paralizar la ciudad.
En resumen, el camino más probable es un acuerdo forzado entre PSOE y BNG con ajustes limitados para llegar a 2027. No obstante, la confianza entre los socios está muy deteriorada y cualquier nuevo incumplimiento o recorte polémico podría precipitar la ruptura de la coalición, dejando al gobierno en minoría y a la ciudad en una situación de inestabilidad prolongada. Los próximos meses serán clave para saber si Koruña logra estabilizar sus finanzas o entra en una crisis política más profunda.
Posdata: estaban estos bonitos para afrontar el gasto que iba a suponer reformar Riazor para el Mundial 2030 y... también para lograr hacer realidad la promesa posterior, hacer esa remodelación incluyendo el Palacio de los Deportes.
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