Los percebeiros de Koruña denuncian una oleada de robos que amenaza la campaña de Navidad, mientras los agentes ambientales detectan el uso de baterías eléctricas para capturar truchas en los ríos gallegos.
Galicia afronta una nueva amenaza para su patrimonio natural. El furtivismo, tradicionalmente asociado a la extracción ilegal de marisco, ha ampliado sus métodos y sus escenarios. Ya no se limita a las rocas del litoral o a las zonas de marisqueo: también se adentra en los ríos y emplea sistemas cada vez más dañinos para esquilmar unos recursos naturales que necesitan tiempo para recuperarse.
En el mar, los percebeiros de Koruña denuncian que los furtivos han arrasado zonas reservadas para las campañas de verano y Navidad. En los ríos, los agentes ambientales han detectado el uso de baterías eléctricas, habitualmente procedentes de vehículos, para capturar truchas de forma masiva y sin posibilidad de seleccionar los ejemplares.
Son dos modalidades diferentes, pero con una consecuencia común: la destrucción del medio ambiente y el deterioro de los recursos que sostienen a quienes trabajan legalmente en él.
Las rocas de la Torre de Hércules, al límite
En las rocas próximas a la Torre de Hércules, los percebeiros de Koruña mantienen desde hace años una zona reservada para las campañas de verano y Navidad. Se trata de un modelo de explotación controlada que busca garantizar la recuperación del percebe y asegurar que las piedras continúen siendo productivas.
El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de A Coruña, Javier Mariñas, explica que los profesionales son especialmente cuidadosos con la talla y la cantidad de percebe que extraen. La prioridad es dejar suficiente producto en la roca para que pueda regenerarse y volver a estar disponible en las siguientes campañas.
Ese equilibrio, sin embargo, se ha visto seriamente alterado por la actuación de los furtivos. Mariñas denuncia que durante este verano se han cebado con las zonas reservadas y han dejado algunas piedras prácticamente yermas. El daño no afecta únicamente a la actividad del día: compromete también la campaña de Navidad, una de las más importantes para el sector.
 |
| Percebeiros en las rocas de La Torre de Hércules. Foto de la Voz de Galicia |
A finales de julio, los servicios de vigilancia de la Cofradía localizaron a dos personas que habían llegado a nado hasta unas islas próximas al faro. La intervención se sumó a otras operaciones desarrolladas durante las semanas anteriores, con decomisos que se acercaban entonces a los 200 kilos de percebe.
Pero las actuaciones no frenaron la actividad. Según Mariñas, los furtivos regresaron incluso el mismo día de una intervención o al día siguiente. La extracción ilegal se mantuvo de forma constante durante el verano y provocó una merma que el patrón mayor califica de “brutal”.
La cantidad exacta de percebe perdido resulta difícil de calcular. El problema, además, es que los decomisos solo reflejan una parte del saqueo. Por cada operación que termina con producto incautado, puede haber muchas otras que no llegan a detectarse.
Un negocio organizado y con reincidentes
La Cofradía considera que ya no se trata de personas que extraen unos pocos percebes para consumo propio. Los volúmenes manejados apuntan, según sus responsables, a una actividad integrada en una cadena de comercialización.
La extracción de muchos kilos diarios no responde a una necesidad puntual. El patrón mayor sostiene que hay semanas en las que los furtivos trabajan bajo pedido, lo que indicaría la existencia de compradores y de una demanda estable.
El perfil de quienes actúan en la zona también ha cambiado. Junto a personas que llevan años dedicándose al furtivismo, se ha incorporado gente más joven que encuentra pocas dificultades para acceder a las rocas y sacar producto.
La Cofradía reclama que la lucha no se centre únicamente en quien recoge el percebe. También considera necesario perseguir a quienes compran y distribuyen el producto ilegal. Sin esa demanda, buena parte del negocio perdería sentido.
Multas que no disuaden
Uno de los principales problemas denunciados por el sector es la falta de capacidad disuasoria de las sanciones. Cuando los furtivos son interceptados, se les incauta el producto y el material utilizado, y se inicia el correspondiente procedimiento administrativo.
Sin embargo, Mariñas sostiene que muchos de los infractores son insolventes y que las multas no les generan un temor real. Si no tienen bienes o ingresos oficialmente declarados, la sanción económica puede terminar siendo poco efectiva.
Por eso, desde la Cofradía reclaman medidas adicionales contra los reincidentes. Entre las propuestas aparece la posibilidad de revisar determinadas ayudas sociales cuando exista una reiteración acreditada de infracciones, aunque el propio Mariñas reconoce que no es un experto en esa materia.
También plantea fórmulas de control durante las horas de marea baja, que son las más sensibles para la extracción de percebe. Una de las ideas mencionadas es que los furtivos reincidentes tuvieran que presentarse en dependencias policiales durante esas franjas horarias, de forma similar a los controles aplicados en otros países a determinados grupos de aficionados violentos al fútbol.
La conclusión del sector es clara: mientras las consecuencias sigan siendo únicamente administrativas, será difícil frenar a quienes han convertido el furtivismo en una actividad habitual.
El saqueo también llega a los ríos
El problema no termina en la costa. En el interior de Galicia, los agentes ambientales han detectado otra modalidad de furtivismo que puede tener consecuencias especialmente graves para los ecosistemas fluviales: la pesca eléctrica.
 |
| Pesca eléctrica. Wikipedia |
La Unidade de Investigación, Conservación e Intervención Ambiental, conocida como UICON, comenzó a funcionar hace seis meses con el objetivo de reforzar la vigilancia y la investigación de infracciones ambientales. Su coordinador, Ramón Parga, reconoce que la dimensión de esta práctica ha sorprendido incluso a los propios agentes.
La unidad ha localizado varios equipos empleados para capturar truchas mediante descargas eléctricas, especialmente en ríos del interior de la provincia de Koruña y en el entorno de municipios como Ordes, Mesía y As Pontes.
El sistema permite realizar muchas capturas en poco tiempo, pero provoca un daño que va mucho más allá de los peces que terminan en las manos de los furtivos. La descarga eléctrica afecta a la fauna presente en el tramo del río y no permite seleccionar adecuadamente los ejemplares.
Pueden resultar afectados peces de diferentes tamaños y otras especies que se encuentren en el agua. En un momento en el que los salmónidos son cada vez menos numerosos en los ríos gallegos, el impacto de estas prácticas puede agravar todavía más la situación.
Una demanda ilegal que todavía existe
Aunque la comercialización de salmónidos capturados en los ríos gallegos está prohibida desde 1992, continúa existiendo demanda. Según explica Parga, tanto particulares como establecimientos de restauración siguen buscando trucha procedente de capturas ilegales.
Una operación desarrollada en julio permitió decomisar once kilos de este pescado en un restaurante de Silleda. El caso evidencia que el problema no se limita al furtivo que acude al río, sino que también alcanza a quienes compran, almacenan o sirven el producto.
La existencia de un mercado favorece el uso de métodos cada vez más agresivos. La pesca eléctrica permite obtener grandes cantidades en poco tiempo y reduce el esfuerzo necesario para llenar una cesta. Pero esa aparente eficacia tiene un coste ambiental elevado: el río queda sometido a una presión que puede afectar a su capacidad de recuperación.
Una unidad especializada, pero todavía limitada
La UICON ha tramitado alrededor de una veintena de denuncias desde su puesta en marcha y mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con infracciones ambientales. Sus competencias incluyen el furtivismo, la protección de especies catalogadas, los vertidos, el bienestar animal y la vigilancia de espacios naturales.
La unidad cuenta actualmente con ocho agentes y dispone de drones, equipos de visión nocturna y sistemas de geolocalización. Estos medios permiten realizar seguimientos a distancia y controlar los movimientos de grupos de furtivos sin necesidad de acercarse físicamente a ellos.
Sin embargo, el número de efectivos limita su capacidad de actuación. Algunas investigaciones requieren seguir a los sospechosos durante varios días, repetir dispositivos y coordinarse con otros cuerpos. Cuando un operativo concentra a buena parte de la plantilla, la unidad pierde capacidad para intervenir simultáneamente en otros puntos de Galicia.
El objetivo de la Xunta es ampliar el equipo hasta los 18 agentes, una cifra que permitiría organizar dos equipos por provincia y mantener una cobertura más continuada del territorio.
Dos escenarios, una misma amenaza
El furtivismo en las rocas de Koruña y la pesca eléctrica en los ríos gallegos presentan diferencias evidentes. En un caso, el objetivo principal es el percebe; en el otro, la trucha y la fauna fluvial. Pero ambas prácticas comparten una misma lógica: obtener un beneficio inmediato a costa de recursos naturales que necesitan tiempo, protección y una explotación responsable.
Los percebeiros legales respetan tallas, cantidades y zonas de recuperación porque saben que el futuro de su actividad depende de que las rocas sigan produciendo. Los pescadores respetuosos con el medio fluvial entienden que un río no es un almacén inagotable, sino un ecosistema complejo que debe conservarse.
El furtivismo rompe ese equilibrio. Arranca de las rocas el producto reservado para campañas futuras, vacía los ríos mediante métodos indiscriminados y alimenta una economía sumergida que perjudica a los profesionales que cumplen las normas.
La necesidad de actuar sobre toda la cadena
La vigilancia es imprescindible, pero no suficiente. Los responsables del sector marisquero reclaman sanciones que realmente disuadan a los reincidentes y una persecución más firme de los compradores. En los ríos, los agentes ambientales necesitan medios y personal para investigar durante periodos prolongados.
También resulta fundamental actuar sobre la demanda. Mientras exista quien esté dispuesto a pagar por percebe o trucha obtenidos ilegalmente, habrá personas dispuestas a asumir el riesgo de extraerlos.
La protección del medio ambiente no puede depender únicamente de los decomisos. Cada kilo recuperado representa una operación positiva, pero no compensa por sí solo el daño causado por todas las capturas que no se detectan, por las rocas que quedan vacías o por los tramos de río sometidos a descargas eléctricas.
Galicia no solo se enfrenta a un problema de ilegalidad. Se enfrenta a una forma de destrucción silenciosa de su patrimonio natural. En el mar y en los ríos, el furtivismo está poniendo en peligro recursos que pertenecen al conjunto de la sociedad y que, si no se protegen ahora, pueden dejar de estar disponibles para las próximas generaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tú Koruño o simpatizante de Koruña City cuál es tu opinión???