Hay noticias que, por sí solas, explican el momento político que vive una ciudad. Y luego está lo ocurrido esta semana en María Pita: un concejal del propio Gobierno municipal ha presentado alegaciones contra una decisión de su propio Ejecutivo.
No es un error. No es una confusión administrativa. Es exactamente eso.
El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, ha decidido oponerse formalmente a un acuerdo relacionado con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), intentando evitar el traslado de un puesto técnico de Urbanismo a otro servicio. Una escena absolutamente excepcional en la política municipal. Porque las alegaciones a los acuerdos del Gobierno suelen llegar desde la oposición, nunca desde quien se sienta en la mesa donde se toman esas decisiones.
Y cuando eso ocurre, la noticia no es el puesto de trabajo. La noticia es otra: el Gobierno de Inés Rey hace aguas por dentro.
Un síntoma de un problema mayor
Este episodio no aparece de la nada. Llega después de meses de movimientos internos difíciles de ocultar.
Primero fue la dimisión de la concejala de Movilidad, Noemí Díaz. Oficialmente, por motivos personales. Antes había abandonado el Gobierno el entonces responsable de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, cuya salida ya dejó entrever importantes discrepancias internas y al que sustituyó Francisco Díaz. También fue cesado recientemente José María Castrillo, considerado durante años una persona del círculo de confianza de la alcaldesa.
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| Juan Díaz en el momento de tomar posesión de su cargo tras la marcha de Villoslada. |
Ahora es otro concejal quien planta cara desde dentro.
Cuando en apenas unos años se suceden dimisiones, ceses, cambios de áreas y ahora incluso alegaciones contra acuerdos del propio Gobierno, resulta complicado seguir hablando de hechos aislados.
El poder concentrado en muy pocas manos
En María Pita hace tiempo que muchos señalan el mismo diagnóstico: el poder se ha concentrado casi exclusivamente en la alcaldesa, Inés Rey, y en el portavoz municipal, José Manuel Lage.
Desde la oposición llevan varios mandatos denunciando que muchas decisiones pasan por el despacho de Lage, incluso aquellas que corresponderían a otros concejales. Esa percepción también parece haber calado dentro del propio grupo socialista.
No es casualidad que buena parte de los conflictos hayan surgido precisamente en áreas especialmente sensibles como Urbanismo.
A ello se suma una política de nombramientos en puestos de libre designación que ha incrementado la capacidad de decisión del núcleo duro del Gobierno sobre la estructura municipal.
¿Por qué es importante este episodio?
Porque rompe una regla no escrita de cualquier gobierno. Las discrepancias existen en todos los ejecutivos. También las discusiones internas. Pero lo habitual es que se resuelvan antes de llegar a los órganos de decisión.
Cuando un concejal presenta alegaciones contra una decisión de su propio Gobierno está enviando un mensaje muy claro: ya no confía en que sus argumentos sean escuchados dentro del Ejecutivo.
Es una imagen de división que difícilmente puede maquillarse.
Un PSOE gallego en horas bajas
Este conflicto municipal llega además en un momento especialmente delicado para el PSdeG, inmerso desde hace tiempo en una crisis de liderazgo y resultados que ha debilitado su peso político en Galicia.
Koruña, tradicional bastión socialista, tampoco parece ajena a ese desgaste. Las tensiones internas son cada vez más visibles y el ambiente en María Pita dista mucho de transmitir la estabilidad que cualquier gobierno necesita cuando encara la recta final del mandato.
Las elecciones se acercan
Queda menos de un año para que arranque la precampaña municipal y los movimientos internos comienzan a acelerarse.
La reciente ampliación de la Junta de Gobierno Local, oficialmente justificada por razones organizativas, fue interpretada por distintos observadores como una forma de reforzar el control del Ejecutivo sobre las votaciones internas.
Sin embargo, episodios como el protagonizado por Francisco Díaz Gallego demuestran que el verdadero problema ya no parece estar fuera del Gobierno, sino dentro.
Porque cuando un concejal socialista acaba recurriendo las decisiones de un gobierno socialista, el debate deja de ser administrativo para convertirse en político.
Y esa es probablemente la noticia más relevante de todas.
La opinión de Koruña Rabuña
Lo ocurrido esta semana es mucho más que una anécdota burocrática. Es el reflejo de un modelo de gobierno que, según denuncian desde hace tiempo tanto la oposición como voces internas del propio PSOE, se ha caracterizado por una fuerte concentración del poder alrededor de Inés Rey y José Manuel Lage. Cuando las decisiones se toman desde un círculo cada vez más reducido y el resto del equipo pierde margen de influencia, el riesgo de fracturas internas aumenta.
La ciudadanía espera un gobierno cohesionado, capaz de debatir puertas adentro y ofrecer estabilidad hacia fuera. Si las discrepancias acaban aflorando mediante alegaciones formales entre miembros del propio Ejecutivo, es inevitable preguntarse si el problema ya no es una decisión concreta, sino la forma en que se está gobernando María Pita.
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